RD-2023-320-UNC-DEC#FCS

Abstract

AD REF-- Declarar que: Consideramos imperioso que nuestra casa de estudios se pronuncie ante los hechos de criminalización de la protesta que se vienen produciendo en la Provincia de Jujuy a 40 años de la vuelta a la democracia en nuestro país. Desde el lunes 5 de junio en la provincia se viene asistiendo a una lucha por un salario digno y mejores condiciones laborales, encabezada principalmente por trabajadores y trabajadoras de la educación de nivel inicial, medio y terciario, uniéndose a ellxs la clase trabajadora jujeña, que se ha solidarizado con la movilización al unísono de: !ARRIBA LOS SUELDOS, ABAJO LA REFORMA! La modificación del Código Contravencional que se llevó a cabo a espaldas del pueblo jujeño mediante el decreto N °8464-6/2023 en el quinto día de protesta social, responde al intento de reforma de la Constitución que se lleva adelante desde 2022, bajo el lema “derecho a la paz y derecho a la convivencia pacífica”, el cual cercena derechos básicos: elimina elecciones de medio término, recorta la libertad de expresión y uso del espacio público, antepone el derecho a la propiedad privada sobre la consulta libre, previa e informada a las comunidades originarias, limita la movilización social de representantes en cargos públicos con la posibilidad de cesantía. En este, el Art. 3, dice textualmente "Déjese sin efecto toda normativa que se oponga a la presente", por lo que traemos el interrogante, ¿se pretende dejar sin efecto la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos? Tanto la Reforma Constitucional que se está tratando de aprobar, como la modificación del Código de Faltas forman parte de una ruptura del pacto democrático, no solo con el pueblo jujeño, sino también con la historia de la Argentina. Estos hechos, evidencian que la persecución política contra dirigentxs de partidos políticos y organizaciones sociales en todo el país, como es el caso de Milagro Sala en Jujuy, forman parte del uso de las fuerzas de seguridad y el poder judicial para criminalizar la protesta y cuestionar derechos ya adquiridos. Por lo tanto, por el compromiso para denunciar hechos que pongan en riesgo la seguridad de la democracia en nuestro país, consideramos que la Facultad de Ciencias Sociales no es ajena a esta situación, sino más bien, es parte de las instituciones con las que cuenta la sociedad para vislumbrar y superar la utilización del poder en favor de quienes lejos de buscar mejores condiciones de vida y dignidad anteponen intereses personales