RD-2024-756-UNC-DEC#FCS

Abstract

AD REFERÉNDUM DEL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO DECLARA: “El 3 de diciembre se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. En este marco, continuamos reivindicando las demandas históricas del colectivo. En la sociedad prevalece un discurso hegemónico que legitima una brecha simbólica y material entre las personas con discapacidad y su acceso a los derechos básicos. Esto es producto de un sistema normalizador que se construye en relación a ciertos estándares corporales, manteniendo el binarismo entre lo corporalmente "capaz" y lo "discapacitado". Este panorama se extiende especialmente al ámbito universitario, donde el acceso de las personas con discapacidad sigue siendo un espacio limitado, sino imposible, debido a las barreras físicas, estructurales y sociales que persisten en las instituciones educativas. Exigimos al Estado, que en su rol de principal garante del ejercicio pleno de los derechos humanos, el cumplimiento efectivo del Cupo Laboral para personas con discapacidad y la implementación de políticas públicas que contribuyan a reducir los obstáculos existentes. A su vez, repudiamos el ajuste del Estado sobre las políticas públicas dirigidas al colectivo de personas con discapacidad. Este ajuste no solo agrava las condiciones de vida, sino que profundiza aún más la brecha social que afecta su independencia, autonomía y libertad. Los derechos más básicos de las personas con discapacidad, como el acceso a la salud y la protección social, se encuentran en serio riesgo debido a la desidia estatal. En este caso, repudiamos los despidos de 170 trabajadores en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) entre los que se incluyen 16 profesionales con discapacidad. La designación de nuevos funcionarios en la ANDIS, sin vinculación ni experiencia en la discapacidad, afecta gravemente la representatividad y la calidad de las políticas públicas en este ámbito. También repudiamos la suspensión de medicamentos, prestaciones profesionales interdisciplinarias y apoyos dentro del Programa Incluir Salud, que brinda cobertura a personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad social y económica, poniendo en riesgo el acceso a tratamientos médicos esenciales para la población. Por último, condenamos la legitimación y promoción de un discurso social violento, estigmatizante y regresivo en relación a la concientización sobre la discapacidad, que ha sido promovido por altos funcionarios del gobierno nacional. Este tipo de discurso posiciona a las personas con discapacidad a una vulnerabilidad y refuerza su exclusión y la perpetuación de estereotipos que afectan su inclusión en todos los ámbitos de la sociedad. En un contexto tan hostil se vuelve fundamental pensar estas problemáticas desde una perspectiva integral, interseccional y transversal, con el objetivo de desafiar y erradicar las barreras y estigmas que impiden a una parte de la población acceder a la educación universitaria y, por ende, a una participación plena en la sociedad.”